España no puede permitirse más corrupción. Antes que la del alborto, se tenía que haber sentenciado una ley para acabar de una vez por todas con este entramado en el que los españoles nos vemos engañados a diario, estafados a diario, robados a diario. No nos podemos equivocar con la "Hacienda Omnívora" ni en cinco céntimos de euros. Nos batean con los palos de los papeles oficiales, nos acosan, nos asustan, nos meten el miedo en el cuerpo..., pero sólo al trabajador normal, al que tiene lo justito para vivir, para ir tirando, al desasistido autónomo.Cada día nos levantamos con la noticia de otro caso de corrupción por parte de todos los partidos. Desde el Duque de Lerma en el reinado de Felipe III hasta hoy, nos da la sensación de que España es corrupta por esencia. Quienes nos gobiernan, sean del signo que sean, no quieren que progresen sus ciudadanos, a los que tendrían que entregarse en cuerpo y alma, quieren enriquecerse en el tiempo que dure el mandato. Y ya está. Y como nadie va a la cárcel, unas veces por inmunidad y otras porque han robado el suficiente dinero para pagar las fianzas, pues aquí no pasa nada. No quieren eliminar la ley d'Hont, no quieren listas abiertas, no quieren que exista una segunda vuelta y que gane la mayoría, no quieren que el voto en blanco sirva para eliminar escaños, para que los ciudadanos puedan demostrar su descontento en las urnas. Nada de eso les interesa. Aquí lo único que interesa a los políticos es perpetuarse en el Poder.
Es una auténtica vergüenza que en plena democracia, que tanto trabajo costó conseguir, se hayan dado tantísimos casos de corrupción política, sin contar con los casos particulares de corrupción urbanística, expropaciones, pagos fraudulentos, etc. Como ejemplos, bástenos citar el caso Flick de financiación ilegal de partidos políticos; el caso de los fondos reservados para sobresueldos a algunos altos funcionarios del ministerio del interior; el caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE; el caso Seat; el caso Ave de comisiones ilegales; el caso Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra, que no puso ni un solo pie en la cárcel; el caso Casinos para la financiación ilegal de Convergencia y Unión; el caso Ibercorp; el caso del presidente socialista de Navarra Gabriel Urralburu con el cobro de comisiones ilegales; la trama de corrupción del juez Estevill; el caso de Carmen Salanueva, exdirectora del Boletín Oficial del Estado; el caso Expo'92; el caso de Luis Roldán por enriquecimiento ilícito; el caso del cuñado de Felipe González, Francisco Palomino; el rocambolesco caso GAL; el caso de la financiación ilegal del Partido Popular, conocido como caso Naseiro; el caso PSV por fraude y financiación ilegal de la Unión General de Trabajadores; el caso Sóller por cohecho del ex presidente de Baleares, Gabriel Canellas, del PP; el caso de la financiación ilegal del Partido Popular en Zamora; el caso Pallerols de financiación irregular de Unión Democrática; el caso del lino en la comunidad de Castilla-La Mancha; el caso Forcem; el caso de las facturas falsas para enriquecimiento personal y financiación ilegal del PSOE en Sevilla por parte del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín; el caso Montilla; y ahora, entre otros muchos, el caso del presidente balear Jaume Matas. ¿Puede España aguantar esto?
Si nos metemos en los casos de corrupción urbanística, la lista se nos dispara. No hay provincia española que no esté salpicada por casos de suelos reurbanizables, construcciones en espacios protegidos...
¿Puede uno sentirse orgulloso de vivir en un país donde la corrupción, por encima de todos los problemas, es el pan nuestro de cada día?
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